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ago 182012
 

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 13 de agosto (apro).- Con el respaldo del gobernador Juan Sabines Guerrero, funcionarios estatales, diputados locales y alcaldes en Chiapas, así como líderes de organizaciones sociales y de cámaras, iniciaron una rebelión en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las altas tarifas que cobra en el consumo de energía eléctrica.

Alejandro Gamboa López, titular de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (Sedepas) de Chiapas, encabezó hoy un mitin en plena plaza central para protestar así en contra de la pararestatal “y sus abusos” en el cobro del suministro de energía eléctrica al gobierno estatal, a las alcaldías y a los ciudadanos en general.

Acompañado por el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Granda, presidentes municipales, electos y salientes de diversos municipios del estado, y diputados electos, entre otros, Gamboa López llamó a los chiapanecos a rebelarse en contra de la CFE y exigir todos tarifas justas el estado, sobre todo porque Chiapas es la entidad con la mayor producción de energía hidroeléctrica, con sus cuatro presas del complejo del Grijalva.

El funcionario estatal dijo que el movimiento cuenta con el apoyo de Sabines Guerrero, de los 122 alcaldes constitucionales y los electos que tomarán posesión a fines del 2012; de los 40 diputados del Congreso del estado, así como de igual número de entrantes, así como de organizaciones sociales campesinas a indígenas.

En el mitin estuvieron Amin Chilac Manzur, Ramón García Matus y Aureliano Méndez, tres de los líderes en Chiapas del movimiento de resistencia civil en contra de altas tarifas de la CFE y que han logrado que miles de familias no paguen el servicio a la paraestatal.

En el mitin Gamboa López dijo que sólo cuatro de los 122 ayuntamientos de Chiapas están al corriente y pueden sufragar los altos cobros de la CFE, pero que el resto debe unos 310 millones de pesos.

Sin embargo, no dijo cuánto debe el gobierno de Chiapas, pues apenas hoy a la Secretaría para el Empoderamiento de la Mujer, le fue cortado el suministro de energía eléctrica, por lo que sus trabajadores tuvieron que suspender sus actividades laborales.

El gobierno de Chiapas, tiene actualmente un endeudamiento de más de 16 mil millones de pesos con la banca, sin embargo ha dicho en reiteradas ocasiones que carece de recursos para cerrar el fin del sexenio y han proliferado ya los reclamos, marchas y protestas de chiapanecos que demandan conclusión de obras a medias, como clínicas, escuelas y caminos.

En el mitin, Gamboa López dijo que de ser necesario se ha instruido a los policías municipales que cuidan las instalaciones públicas en las alcaldías para impedir que los obreros de la paraestatal les corten el suministro de energía eléctrica.

En ese tenor, Amín Chilac Manzur pidió a los asistentes al mitin “bajar de los postes a los trabajadores de la CFE que pretendan cortar el servicio de luz”.

En el mitin no había más de 800 personas, la mayoría de ellos trabajadores de la propia Sedepas, oficina que dirige Gamboa López.

En el evento también habló Marian Arias, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y agradeció el respaldo que ahora da el gobierno de Chiapas para protestar en contra de lo que por muchos años ellos han estado reclamando a la paraestatal.

Ahí se dijo que la CFE no paga impuesto predial por las miles de hectáreas de tierras que inundó con las presas hidroeléctricas. Y que la CFE en muchos casos nunca indemnizó a los campesinos y demás propietarios de las tierras que les fueron arrebatadas, mismas que, en muchos casos, eran las más fértiles de la entidad.

Tras el mitin se dirigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) donde alcaldes y usuarios interpusieron una queja en contra de la CFE.

Chilac Manzur dijo que todas las acciones serán pacíficas y que se debe seguir la ruta jurídica. Denuncias ante la Profeco, quejas ante la CNDH, ante la Cámara de Diputados, el Senado de la República, ante el Poder Ejecutivo, ante la propia CFE y acudir al Poder Judicial Federal para obtener un amparo que le impida a la paraestatal seguir cobrando sus altas cuotas.

Gamboa López fue interrogado si esta protesta tendría algún trasfondo político, como terminar contratando el servicio de suministro de energía eólica de la empresa privada de Ricardo Salinas Pliego, quien hace unos meses creó un parque eólico en Arriaga. Explicó que nada tiene que ver ese movimiento con esa empresa.

“Es una empresa que busca clientes, pero ya dependerá de alcaldes que quieran contratar ese servicio, por lo pronto nuestra lucha es que se reduzcan las altas tarifas de luz”, concluyó.

Fuente. Proceso

Fuente: primerahora.com.mx

ago 182012
 

Foto: Notimex

En el recuento de votos del proceso presidencial ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en mil 125 casillas (0.7 por ciento de las 143 mil 130 instaladas el pasado 1º de julio), los magistrados sólo encontraron algunos errores humanos, cometidos sin la intencionalidad de perjudicar a alguna de las fuerzas políticas contendientes.

El nuevo escrutio del tribunal se suma al realizado en julio por el IFE, que abarcó 78 mil 12 paquetes, equivalentes al 54.5 por ciento.

El magistrado Flavio Galván Rivera, integrante de la comisión calificadora, señaló que el ajuste en los sufragios –derivado del nuevo escrutinio– no impacta de manera sustantiva en los resultados originales. Al final de cuentas, casi podría decir que confirman el resultado asentado en la mesa directiva de casilla, aseveró el magistrado durante la sesión en que se dio por concluida la fase del recuento ordenado dentro del juicio sobre la elección presidencial.

La coalición de partidos de izquierda Movimiento Progresista solicitó el nuevo escrutinio en 70 mil casillas, como parte de sus alegatos para que el TEPJF invalide los cómputos que señalan como ganador al priísta Enrique Peña Nieto.

Los magistrados determinaron que sólo procedía la apertura de mil 125 paquetes, la cual se realizó el pasado 8 de agosto. Los partidos políticos que atestiguaron este procedimiento apartaron o reservaron 356 boletas, con el argumento de que no había claridad respecto a si el voto era válido o nulo, por lo que la decisión final la tomaron los magistrados de la sala superior.

Hasta el momento, el tribunal electoral no ha informado cuántos sufragios están incluidos en los mil 125 paquetes seleccionados, a qué partido o coalición favorecen y de qué manera modifican los cómputos, aunque los datos recabados serán anexados al análisis que realiza la comisión calificadora de la elección presidencial.

Ayer, Galván Rivera reconoció la posibilidad de que durante el conteo de votos realizado la noche de la elección, los ciudadanos (funcionarios de casilla) incurrieran en errores y, de igual forma, los yerros cometidos en el nuevo escrutinio no tienen una tendencia definida.

Destacó que esta experiencia de recuento –sin precedentes– se realizó con base en un criterio apegado al debido proceso legal, no como prueba selectiva ni para satisfacer caprichos.

Enseguida, citó varios casos en los que el tribunal calificó como nulos algunos sufragios y otros válidos, pese a que uno de los contendientes alegó que el voto les favorecía o, como en otro caso, donde se argumentó la existencia de prácticas ilegales, como carrusel; así ocurrió en la reserva de 44 boletas, tras el alegato de que fueron marcadas por una sola persona.

Fuera de ello, el magistrado subrayó que los cambios arrojados por el recuento –en juicios estrictamente reglamentados, a diferencia de lo que ocurrió hace seis años– no tienen gran trascendencia para el resultado final de los cómputos de cada casilla.

Las diferencias son de uno, dos, quizá en algún caso de 10 votos, pero son situaciones absolutamente excepcionales a todas direcciones; no para un partido, no para una coalición o un candidato en especial.

La magistrada María del Carmen Alanís aseguró que desde la jornada electoral se han ido depurando de posibles inconsistencias los resultados. Incluso, hizo la comparación del total de votos emitidos el 1º de julio (50.3 millones) a la reserva de 356 en los que había duda respecto de su sentido, los cuales constituyen – destacó– 1.0007 por ciento del total emitido. Otros magistrados que intervinieron en la sesión aseguraron –con diversos matices– que la sala superior determinó el sentido de los sufragios reservados en beneficio de la protección del ciudadano.

Fuente. lajornada.unam.mx

 

ago 182012
 

Fuente: elfinanciero.com.mx

El Tribunal Electoral (TE) de Panamá anuló hoy la elección en un corregimiento, al determinar la existencia de uso de recursos públicos disfrazada como ayuda comunitaria para favorecer a una candidata oficialista.

Con su fallo, el TE finalizó este viernes la audiencia pública desarrollada desde la semana pasada por la impugnación de los comicios en el corregimiento de El Bebedero, en la central provincia de Los Santos, ganados por Nidia Cureña, de Cambio Democrático (CD).

La elección del 4 de diciembre pasado fue objetada por el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), el cual argumentó que existió compra de votos a través de la masiva ayuda a la comunidad de parte de entidades del gobierno con el fin de favorecer a Cureña.

Durante la última audiencia celebrada en la Cámara de Comercio de esta capital, el magistrado electoral Gerardo Solís anunció que se llamará a nuevas elecciones en una fecha por determinar.

Solís indicó que las investigaciones concluyeron que en El Bebedero hubo una “magnitud de recursos económicos injustificados oficiales” para influir en la decisión de los electores.

Precisó que en el 87% de las casas de El Bebedero hubo entrega injustificada de hojas de zinc y otros materiales de construcción y bolsas de comida, donadas por varias oficinas gubernamentales, incluidos Ministerios.

En los comicios del 4 de diciembre pasado, en los que por primera vez se usó el voto electrónico, Cureña obtuvo 627 votos contra 278 de su rival del PRD, Darío Saavedra

Cureña afirmó que participará en las nuevas elecciones para “demostrar que yo tengo mi gente”.

“Tengo la conciencia limpia, no he usado recursos del Estado, no se ha dado el fallo en derecho”, aseguró la candidata oficialista.

Fuente. Notimex

jul 312012
 

La red de suministro de armas de alto poder al Cártel de Sinaloa, presuntamente dirigido por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, era el blanco principal de la fallida operación “Rápido y Furioso”, señaló un reporte legislativ

Un informe dos mil 359 páginas de extensión elaborado por la mayoría republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes concluyó lo anterior al cabo de una investigación que incluyó la revisión de más de 10 mil documentos y unas 24 entrevistas.

Primera parte del reporte

“Durante el verano de 2009, la administración Obama creó una nueva estrategia para detener el flujo de armas ilegales de los Estados Unidos a los cárteles de las drogas mexicanos”, señaló el reporte titulado “La Anatomía de una Fallida Operación: Parte I de III”.

“La operación ‘Rápido y Furioso’ nació de esta estrategia. El plan de la administración cambió el énfasis en combatir a los cárteles de las drogas de enfocarse simplemente en confiscar armas a identificar las redes que las trafican (…) pero este esfuerzo tuvo un éxito mixto”, señaló.

El informe sostuvo en ese sentido que cinco funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) fueron responsables de la comisión de “traspiés, malos juicios y de una estrategia inherentemente imprudente”.

Los cinco altos funcionarios de la ATF identificados son el director en funciones Kennet Melson, el subdirector William Hoover, el director de la división de Phoenix, William McMahion, el agente especial William Newell y el director adjunto de operaciones Mark Chait.

Desde el inicio de la pesquisa los cinco funcionarios han sido reasignados dentro de las filas de la ATF, la cual experimentó a su vez una transformación interna a raíz de “Rápido y Furioso”
Desmantelar red de tráfico

El informe sostiene que especialmente Newell tenía una “meta audaz”: “intentaba desmantelar la red de tráfico de armas” que abastecía al cártel mexicano de Sinaloa.

“Cuando la administración Obama resucitó un caso previo en donde la división uso imprudentes tácticas para dejar ‘caminar’ las armas, Newell vio la oportunidad”, según el reporte.

Para ello la ATF instruyó a los agentes a no confiscar armas y la procuraduría de Arizona convenció a los distribuidores de armas a cooperar con información en tiempo real. Aunque se les aseguró que las armas serían decomisadas, “eso fue falso”, sostuvo el reporte.

“La ATF y la Oficina de la Procuraduría en Arizona fallaron en considerar y proteger la seguridad de los estadunidenses y de los mexicanos, y de otros agentes policiales”, dijo el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por California, Darrell Issa.

“La ATF dilapidó tiempo, dinero y recursos en intercepciones y puso en peligro a agentes”, añadió su colega, el senador republicano de Iowa, Charles Grassley. Ambos aludían a la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza (PF) Brian Terry en 2010.

La investigación sostuvo que la mención de los cinco funcionarios no exime la posible responsabilidad de otros funcionarios de la administración Obama.

Desacato de HolderDurante las audiencias de la investigación, los republicanos acusaron al Departamento de Justicia de “encubrimiento criminal” con motivo de “Rápido y Furioso”, una acusación que sirvió de base para declarar al procurador Eric Holder de desacato en junio pasado.

El documento es el primero de tres reportes que serán entregados por el Comité de Supervisión, en momentos que aún se aguarda la divulgación del informe especial que elabora el Inspector General del Departamento de Justicia.

Aunque Holder declaró que el reporte oficial será dado a conocer este año, no existe no un plazo ni una fecha tentativa de su conclusión.

Tanto el liderazgo demócrata del Senado como la Casa Blanca han denunciado la investigación de los republicanos como un intento de anotarse puntos políticos en un año electoral, en lugar de reforzar la legislación que ayude a frenar el tráfico de armas a México.

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Notimex | Fecha: 07/31/2012

jul 232012
 

De acuerdo con los registros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de los tres recursos contra la validez total de la elección, uno es del Movimiento Progresista de Andrés Manuel López Obrador y los otros dos fueron promovidos por particulares.


México.- Al cerrarse el plazo para la recepción de recursos de inconformidad, el TEPJF recibió en total 364 recursos contra la elección presidencial, de los que 361 son contra los cómputos distritales y tres contra la elección en su conjunto.

De acuerdo con los registros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de los tres recursos contra la validez total de la elección, uno es del Movimiento Progresista de Andrés Manuel López Obrador y los otros dos fueron promovidos por particulares.

Un recurso más por un grupo de ciudadanos, y otro, por una alianza de trabajadores civiles, militares y jubilados, detalló el organismo electoral.

Una vez distribuidas las ponencias entre los siete magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal, a cada uno le tocará resolver 52 recursos de impugnación antes del 31 de agosto como establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Naturalmente, el juicio de inconformidad más importante y que acapara mayor atención de la opinión pública es el interpuesto por el Movimiento Progresista que demanda la nulidad de toda la elección presidencial y solicita, además, la invalidez de los comicios por violación a los principios constitucionales.

En este juicio, los quejosos solicitan también la cancelación del registro de la candidatura de Enrique Peña Nieto, aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), por el presunto rebase del tope de gastos de campaña.

Como fue anunciado en su momento, el dictamen sobre este recurso lo elaborará una comisión de tres magistrados que está integrada por Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar.

Estos magistrados, señaló, ya recibieron el expediente con todos sus anexos y al que se agregarán las pruebas supervenientes que sigan acopiando los quejosos.

Al respecto, el secretario general de Acuerdos del TEPJF, Marco Antonio Zavala Arredondo, recordó que en la ley está prevista la nulidad genérica sólo en el caso de la elección para diputados federales y senadores.

Esta causal, explicó, se actualiza cuando se parte no de un hecho determinado o concreto sino que de manera general prevé que podrá declararse nula una elección.

Esa nulidad, dijo, si a consideración de los jueces se ha acreditado la existencia de irregularidades graves y generalizadas en la jornada electoral y que haya incidido de manera determinante en el proceso y en su resultado.

Tiene el nombre de causal genérica, porque no está sujeta a alguna actividad o conducta específica, sino que admite alguna otra que en concepto de los juzgadores se acredita a que la elección no fue realmente democrática, aclaró.

Específicamente, el legislador decidió que esta causal genérica no se previera en el caso de la elección presidencial, recordó.

De ahí que para declarar la eventual invalidez de esta elección, sólo podría hacerse a partir, no de la ley, sino de la Constitución misma, como lo plantea el recurso interpuesto por el Movimiento Progresista.

El TEPJF es un tribunal constitucional y tiene atribuciones para interpretar la Constitución, así que tiene facultades para decidir sobre la controversia planteada por los partidos que respaldaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

El detalle de los recursos interpuestos muestra que el estado de México, el Distrito Federal, Puebla y Veracruz son las entidades con mayor número de impugnaciones presentadas, lo cual es consecuencia de que son las entidades con más distritos electorales, aseveró.

De los 364 juicios de inconformidad interpuestos ante la Sala Superior del Tribunal, 46 son del estado de México, 31 corresponden a la capital del país, 27 a Puebla y 27 a Veracruz.

Las demandas tienen dos ejes principales, por un lado se impugnan los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección presidencial.

Y por el otro, se denuncia la negativa de la autoridad administrativa de recontar los paquetes electorales que fueron solicitados por los inconformes, por lo cual es posible que el tribunal ordene la apertura de más paquetes, señaló.

Notimex